Como si estuviera secuestrada por un grupo de terroristas o por una banda de narcotraficantes. La revolución bolivariana exhibió a Rocío San Miguel, emblemática figura de la sociedad civil venezolana encarcelada desde hace 10 meses con falsas acusaciones de conspiración. Y lo hizo con una serie de imágenes, en las que incluso aparece con la fecha del día escrita en un papelito. La persecución contra la prensa libre es tan exagerada en Venezuela que casi no quedan periódicos de papel, tantas veces usados para confirmar esa misma fecha.
San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional y figura clave para entender qué sucede en el interior del ejército venezolano, forma parte del grupo de 16 ciudadanos españoles y con doble nacionalidad convertidos en rehenes de Nicolás Maduro. Entre ellos también están los dos turistas vascos, José María Basoa y Andrés Martínez, detenidos en agosto en el Amazonas criollo y acusados sin ninguna prueba de ser agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con la orden de asesinar a Maduro, aunque se encontraban a 700 kilómetros de Caracas.
«Sentí indignación y preocupación, como hermano y como médico», aseguró a EL MUNDO José Manuel San Miguel, hermano mayor de este prestigiosa defensora de derechos humanos. «Primero por el trato que ha recibido desde su detención arbitraria hace más de 10 meses y su desaparición forzada por tres días. Desde ese momento se le han violado el derecho a la defensa, no hemos tenido acceso al expediente ni al escrito de acusación. No ha mantenido una entrevista personal y privada con la abogada de la defensa pública que le fuera designada [a la fuerza]», añadió el doctor San Miguel, residente en España.
El esperpento chavista no tiene límites: a Rocío San Miguel ni siquiera la dejaron asistir a su propia audiencia preliminar ante el juez. También se le ha negado la asistencia consular, según la familia. El juicio está fechado para la semana que viene. Durante los diez meses ha permanecido en la cárcel del Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), que compite con el centro de detención de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y con la cárcel de El Rodeo I, especial para los prisioneros militares de mayor peso en el Ejército, para convertirse en la siniestra Saydnaya del chavismo.
Al igual que el resto de los 1.905 prisioneros políticos en las mazmorras de Maduro, San Miguel no ha recibido tratamiento médico adecuado pese a la caída que sufrió hace cuatro meses, provocada por la laberintitis que padece en su oído. La activista debe ser operada del hombro por la lesión que padece en la escápula derecha, cuyo dolor no remite con calmantes. También enfrenta crisis hipertensivas.
«Hago responsable al Gobierno venezolano del estado de salud de mi hermana y también hago responsable al Gobierno de España por ser nacional. Debe exigir su liberación a través de una medida humanitaria. Que hagan todo lo posible, por lo menos que se consiga una medida cautelar de casa por cárcel. No ha sido debidamente tratada», dispara José Manuel San Miguel.
La presión de los familiares de los presos, sobre todo las madres de los más jóvenes, ha torcido el brazo del Gobierno, que en boca del fiscal general anunció 300 nuevas liberaciones. De nuevo las famosas puertas giratorias de la revolución, que suelta presos a regañadientes pero que los sustituye con nuevas víctimas de la represión. Uno de los últimos es Jesús Armas, defensor también de derechos humanos y antiguo concejal.
A Armas, uno de los pocos personajes públicos que el pasado domingo día 1 se atrevió a participar en persona en Caracas en la protesta mundial contra el megafraude electoral, se lo llevó a la fuerza un comando de agentes encapuchados en la misma camioneta usada para otras detenciones ilegales y desapariciones forzadas. Estaba tomando un café en una zona del este de la ciudad.
Armas, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela (UCV), también apoyó a las madres de los presos más jóvenes en las distintas vigilias realizadas en los últimos días.
«Es un joven líder, valiente y comprometido con la democracia y la libertad de Venezuela. Esto es un delito para la tiranía. No descansaremos hasta liberarlo a él y a todos los venezolanos», denunció en sus redes sociales María Corina Machado, quien se mantiene en la clandestinidad dentro de Venezuela.
Con Armas, muy cercano al comando electoral de la oposición democrática en la capital, suman más de 160 dirigentes políticos apresados en este año electoral, muchos de ellos de Vente Venezuela, partido de Machado, o de otros partidos de la Plataforma Unitaria.
«El régimen de Venezuela es responsable por su vida y su libertad hasta que recupere la libertad», protestó Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
