El porcentaje de nicaragüenses subalimentados aumentó del 19,2% al 19,6% entre 2021 y 2023, según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La difusión del dato, que supone que 1,4 millones de personas no comen lo suficiente en Nicaragua, no cayó bien al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ordenó el pasado 3 de febrero al organismo multilateral el cierre inmediato de sus oficinas en el país. El canciller, Valdrack Jaentschke, envió transmitió la decisión presidencial por carta al director general de la FAO, Qu Dongyu.
El régimen sandinista acusó a la FAO de publicar “información falsa y carece de objetividad y rigor metodológico”. “Rechazamos [el informe] por carecer de objetividad, rigor metodológico, por contener información falsa, con tendencia injerencista, agresiva y que ha sido difundida de manera malintencionada con fines políticos”, dijo Jaentschke en la misiva. “Contiene información y datos sobre Nicaragua que no fueron autorizados, ni consultados a nuestras Instituciones, ni validados por el Gobierno de la República de Nicaragua”, agregó el canciller de Ortega.
El informe de la FAO señala además que el 27,3% de la población nicaragüense no puede permitirse una dieta saludable, y el costo diario de dicha dieta por persona aumentó de 4,07 a 4,61 dólares, equivalentes a 169 córdobas, durante el período analizado. Para el Gobierno de Ortega, el informe del organismo solo busca “desprestigiar” las políticas oficiales de “lucha contra la pobreza y la seguridad alimentaria”.
El martes, un día después de recibida la orden del régimen sandinista, las oficinas de la FAO en Managua amanecieron cerradas. Aunque por ahora la policía de los Ortega-Murillo no ha ocupado el edificio, como sí lo hicieron hace dos años cuando expulsaron del país a la Organización de Estado Americanos (OEA). El edificio de la OEA fue confiscado y en él montaron un museo que llamaron “de la Infamia”, para finalmente reemplazaro por un centro de estudios para el desarrollo.
La FAO no ha respondido aún a las acusaciones del Gobierno nicaragüense, que se jacta de tener entre sus principales lemas la erradicación de la pobreza. La decisión del gobierno de expulsar a la FAO se suma a una serie de acciones gubernamentales contra organismos internacionales en los últimos años. Varias entidades de la ONU y ONG extranjeras han sido expulsadas o han visto limitadas sus operaciones en el país, bajo acusaciones de injerencia en asuntos internos.
En agosto de 2018, al calor de las masivas protestas sociales y la consecuente represión oficial, el régimen expulsó a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Ocurrió dos días después que la oficina de Naciones Unidos publicase un informe denunciando graves violaciones de derechos humanos, incluyendo el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y grupos parapoliciales, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y restricciones a la libertad de expresión.
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