Carlos Doubront tenía 26 años cuando siete militares lo acorralaron al caer la tarde del martes 16 de abril de 2013, cerca de la sede del poder electoral de Barquisimeto, Venezuela. Activista político y abogado, acababa de protestar para exigir las actas de la votación nacional celebrada tras la muerte del expresidente Hugo Chávez.
“Me golpearon, me robaron”, contó a la Voz de América ya a sus 38 años, desde Miami, Florida. Aquel día, dijo, interactuó cara a cara con Rafael Quero Silva, un coronel venezolano recientemente arrestado en su ciudad de residencia en Estados Unidos por los servicios de inmigración.
Carlos es hijo de un condecorado general y excomandante de la Guardia Nacional venezolana, Rafael Doubront Torres, fallecido en un accidente aéreo en diciembre de 2004. Tras demandar transparencia en las elecciones que dos días antes había ganado Nicolás Maduro con una ventaja de poco más de 200.000 votos, fue trasladado al Destacamento 47 del estado Lara, en el centro occidente del país, comandado entonces por Quero Silva.
Allí se corrió la voz de que un manifestante opositor detenido tenía vínculos con el general Doubront. Quero Silva lo increpó, justo antes de permitir que sufriera ataques de sus subordinados, que incluyeron golpes y choques eléctricos, según su denuncia.
“Comenzó a insultarme, a darme cátedras estúpidas y ridículas sobre la revolución” que lideró desde finales del siglo pasado el teniente coronel y presidente Hugo Chávez, recordó.
Dijo haberlo oído recibir llamadas de militares amigos de su familia e intermediarios que solicitaron en vano su liberación. Quero Silva lo acusó de ser un “escuálido”, como Chávez y sus seguidores se referían a quienes se oponían a su proyecto político socialista.
“Él da la orden de que empiece la tortura y el terror” en su contra, afirmó Doubront, que militó en los partidos antichavistas Proyecto Venezuela y Un Nuevo Tiempo, habiendo formado parte del movimiento estudiantil que enfrentó exitosamente la reforma constitucional de Chávez en 2007.
“Palos” y descargas eléctricas
Durante las 72 horas siguientes a su arresto, varios militares le dieron puñetazos en el estómago, los costados y la espalda, y además sufrió impactos con cascos y escudos en la cabeza.
“Te van llevando ‘a palo’ de lugar en lugar”, dice Doubront, detallando cómo lo golpeaban en el patio y en otros dos calabozos a donde lo trasladaron aquellos días en la instalación militar.
Un capitán de apellido Rojas “lideraba las torturas” frecuentes contra Doubront y las varias decenas de manifestantes opositores con los que estuvo detenido, aseguró.
Los militares que llegaban al destacamento tras enfrentarse por horas con manifestantes opositores en las calles de Barquisimeto no sólo venían llenos de “adrenalina”, sino también de lentes, cadenas de oro, relojes y otros artículos de valor que decomisaban a quienes reprimían, según Doubront. Uno de ellos llegó con un taser o pistola eléctrica como parte de su “botín de guerra”; Rojas decidió usarlo contra los detenidos, indicó.
Primero, “lo probaron con un chamo” sentado a pocos metros de Doubront, detalla. Luego, a casi todos los jóvenes arrestados en Barquisimeto les aplicaban descargas eléctricas en el cuello, la espalda, la barriga o “donde te agarraran”, pormenoriza.
“Venían cansados y al menos un ‘cascazo’ te daban”, señaló. Los obligaron a cantar jingles del chavismo y a vociferar que Maduro era su presidente. Cumplir las órdenes no los preservaban de las arbitrariedades. “Igual te pegaban. Era una humillación”.
Organizaciones civiles venezolanas, como Funpaz y Foro Penal, registraron violaciones contra los derechos humanos de unas 120 personas entre el 15 y el 16 de abril de 2013 en Barquisimeto, principalmente a manos de militares del Destacamento 47.
Esos informes incluyen el caso de Ivonne, una joven chef venezolana a quien le aplicaron descargas eléctricas en esa instalación militar hasta derretírsele uno de sus zapatos. Como a otros arrestados, la golpearon con una botella de agua congelada. Un grupo de esos militares fue condecorado por el Consejo Legislativo regional días después.
Doubront dijo haber notado que algunos uniformados eran “expertos” en golpearlos de tal manera que no causaran hematomas, sino quizás algún enrojecimiento pasajero, indetectable por los médicos forenses que los revisarían.
Uno de esos puñetazos es conocido como el “matachivos”: se asesta en la nuca, también sin dejar mayores rastros, recordó.
Doubront piensa que su resistencia a incriminar falsamente a líderes de la oposición por presuntos planes conspirativos contra el gobierno, contribuyó a que decidieran atacarlo con “golpes, torturas, descargas eléctricas” durante 3 días, antes de que un juez ordenó su libertad condicional y su presentación periódica ante un tribunal.
“Me quisieron sembrar varias cosas que no eran mías, como máscaras antigás, hasta una porción de marihuana. El juez se dio cuenta de que ése no era mi bolso”, pues era muy pequeño para calzarle o ser de su propiedad, precisó a la VOA.
Doubront logró exiliarse en 2016, viajando primero a Argentina para tratar una enfermedad gastrointestinal y, tiempo después, se trasladó a Estados Unidos, donde fijó residencia permanente.
Según sus versiones, también documentadas en la prensa venezolana y en investigaciones federales en Estados Unidos, Quero Silva era el máximo responsable de aquellos abusos. “La tortura venía por órdenes de él, muchas veces por órdenes directas”.
De acuerdo con oenegés venezolanas y víctimas de represión política en su país, Quero Silva fue detenido en Estados Unidos por una investigación de agencias federales iniciada hace más de 5 años, tras identificarlo como actor extra de una telenovela en Florida.
Las violaciones contra los derechos humanos por presunta responsabilidad de Quero Silva registradas por oenegés en Venezuela incluyen el arresto de personas mayores de 70 años, las órdenes de rapar el cabello de jóvenes detenidas y múltiples casos de torturas, además de presuntos abusos sexuales por parte de militares adscritos al Destacamento 47.
Según informes de la oenegé Provea, los manifestantes opositores sufrieron en Barquisimeto “la represión más encarnizada” entre el 15 y el 16 de abril de 2013. El accionar militar de entonces en esa ciudad fue considerado como un grave antecedente de la mala praxis institucional para enfrentar las protestas de calle que se denunciaría los años siguientes, especialmente en 2014 y 2017.
Doubront opinó que Quero Silva tenía el “afán” entonces de ganar fama en el poder político y militar de Venezuela como eficaz represor de las protestas contra el gobierno.
Dijo que la mensajería directa de sus redes sociales se repleta a diario con más denuncias contra Quero Silva, quien, estima, cometió el “error ridículo” de haber llegado a Estados Unidos pensando que nadie lo identificaría y que podría vivir y recibir beneficios dentro del “sistema” migratorio norteamericano.
“Es increíble la cantidad de personas que me escriben para decirme cómo sufrieron” humillaciones y abusos de su parte, incluso robos o daños a sus propiedades. “Es un personaje nefasto. Las víctimas de este criminal son innumerables”.
A su juicio, también debe investigarse su involucramiento en crímenes de narcotráfico con posibles vínculos con el sistema político. Estados Unidos acusa desde 2019 a miembros del gobierno venezolano, entre ellos Nicolás Maduro y su ministro de defensa, como presuntos miembros de una organización criminal identificada como El Cartel de los Soles e incluso ha ofrecido recompensas millonarias por información que permita sus arrestos.
Maduro y varios jerarcas de su gobierno, como el ministro del interior Diosdado Cabello, han repudiado esas acusaciones. En cambio, denuncian presuntos planes conspirativos de gobiernos extranjeros para deponerlos del poder por vías violentas.
Doubront dijo no tener dudas de que Quero Silva era “el brazo ejecutor de la represión del Cartel de los Soles”. Como víctima, pide a las autoridades estadounidenses que no sea procesado por un posible fraude migratorio, mucho menos deportado a Venezuela, sino que lo enjuicien por su rol en la represión y persecución política a gran escala.
“No es revancha, queremos justicia”.
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