Damir Ortiz, un niño cubano de 10 años con leucemia y una rara enfermedad genética que le ha causado un tumor en el ojo izquierdo, fue evacuado el miércoles desde Cuba al Hospital Infantil Nicklaus de Miami, tras superar obstáculos burocráticos y la reticencia del gobierno cubano, en una muestra de solidaridad de los cubanos de ambos lados del Estrecho de Florida.
El mes pasado, Martha Beatriz Roque, de 79 años, destacada disidente y exprisionera política, quien recibió en ausencia el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje del Departamento de Estado el año pasado, finalmente recibió permiso de las autoridades cubanas para venir a Miami, pero solo porque necesitaba tratamiento médico tras enfermar gravemente en Cuba.
El “apoyo al pueblo cubano” ha sido el principio fundamental de la política estadounidense durante varias administraciones. Pero bajo la versión actual del plan de la administración Trump para prohibir la entrada de cubanos a Estados Unidos, personas como Ortiz y Roque nunca habrían llegado a suelo estadounidense, probablemente muriendo en la isla bajo un régimen comunista.
Los ciudadanos de Cuba y Venezuela, independientemente de su lugar de residencia, enfrentarían una prohibición total de entrada a Estados Unidos según el plan elaborado por Stephen Miller, asesor de Trump y arquitecto de su política de deportación masiva. Fuentes indicaron que la prohibición también afectaría a cubanos y venezolanos residentes en terceros países que no posean una segunda ciudadanía.
La prohibición atraparía a cubanos y venezolanos en países bajo dictaduras, recientemente catalogadas por el secretario de Estado Marco Rubio como “enemigas de la humanidad”, sin excepción para ancianos, enfermos o disidentes acosados, según informaron al Miami Herald fuentes familiarizadas con las conversaciones. Una versión tan extrema sería difícil de defender para los políticos republicanos locales, que representan en el Congreso a las comunidades más afectadas.
Un plan con impacto más allá de Cuba y Venezuela
Bajo el plan, también se prohibiría la entrada a ciudadanos de otros países del hemisferio.
Los ciudadanos haitianos, que ya viven en un país desgarrado por la violencia de pandillas, la inestabilidad política y una de las peores crisis humanitarias de la región, enfrentarían restricciones similares para entrar a Estados Unidos. Algunos haitianos podrían solicitar una excepción, pero a la gran mayoría se le negaría la entrada, independientemente de su lugar de residencia.
Estados Unidos es el principal financiador de una misión multinacional para combatir a las pandillas. La prohibición de entrada a ciudadanos de un país que enfrenta una crisis severa bajo una política estadounidense de mano dura plantea interrogantes sobre la estrategia de EEUU en la región y si podría generar una nueva ola migratoria de haitianos en el mar, como ocurrió en crisis anteriores.
Las restricciones también podrían afectar a otros países del Caribe como parte de la ampliación de la prohibición de viajes que se está discutiendo.
Antes de que Trump asumiera el cargo, su equipo contactó a varios gobiernos caribeños para que aceptaran migrantes indocumentados de Estados Unidos cuyos países se niegan a recibirlos de regreso. El tema ha sido parte de las discusiones sobre la prohibición de viajes con algunas naciones caribeñas, según fuentes.
El plan de prohibición de viajes es el resultado de una orden ejecutiva presidencial que instruye al Departamento de Estado y otras agencias federales a elaborar una lista de “países de todo el mundo cuya información de investigación y selección es tan deficiente que justifica una suspensión parcial o total de la admisión de ciudadanos de esos países”.
Sin embargo, en versiones anteriores promulgadas durante el primer gobierno de Trump, se implementó un procedimiento para solicitar exenciones, aunque fueron otorgadas en muy pocos casos.
Es probable que el nuevo plan se base en una versión anterior de la prohibición que fue avalada por la Corte Suprema, según expertos. Si bien el gobierno parece querer evitar errores legales del pasado, se anticipan impugnaciones judiciales. Cubanos y venezolanos, en particular, podrían demandar debido a la ausencia de exenciones, argumentando que sus familiares extranjeros están sufriendo las consecuencias de la prohibición, dijo David Weinstein, exfiscal estatal y federal de Miami-Dade.
“La pregunta será quién está en la lista. ¿Hay excepciones en esta nueva orden ejecutiva para ciertas categorías de extranjeros? ¿Existe un programa de exenciones?”, preguntó Weinstein.
No se ha establecido un plazo para su implementación, pero se espera que ocurra pronto, según informaron varias fuentes al Miami Herald tras ser informadas de conversaciones que incluso se han mantenido en secreto para miembros del Congreso.
¿Un punto de presión política para los republicanos en Miami?
La prohibición de viajes afectará directamente a muchos residentes del sur de Florida con familiares en los países incluidos, colocando a los congresistas republicanos y cubanoamericanos de Miami Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez en una posición difícil: discrepar con la administración o respaldar una política que perjudica a muchos en la comunidad que representan, afirmó Eduardo Gamarra, profesor de ciencias políticas de la Universidad Internacional de Florida (FIU).
Si bien Florida se ha convertido en un sólido estado republicano, y la administración podría minimizar los riesgos de implementar su agenda migratoria, Gamarra señaló que estos temas podrían tener un impacto electoral en las próximas elecciones intermedias.
“Creo que esa preocupación existe”, afirmó Gamarra. “También depende de a quién nominen los demócratas como candidato y de cómo se lleven a cabo las campañas. Pero volviendo al viejo dicho de que toda la política es local, temas como estos, por ser tan personales, pueden tener un claro impacto electoral”.
Salazar preside el Subcomité de Asuntos Exteriores del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes. Sin embargo, tanto su oficina como la de Giménez afirmaron no tener información sobre las conversaciones acerca de la prohibición de viajes, lo que pone de relieve el secretismo con el que se ha manejado este plan. La oficina de Díaz-Balart no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Otras medidas migratorias ya han causado conmoción en el sur de Florida, como la cancelación del parole humanitario creado por el gobierno de Biden y las protecciones temporales contra la deportación para venezolanos.
Una encuesta de FIU realizada el año pasado entre cubanoamericanos del sur de Florida mostró que el parole humanitario —que beneficiaba a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos— recibió un fuerte apoyo bipartidista, con un 72% de los encuestados a favor.
Las encuestas de FIU, realizadas cada dos años, han demostrado sistemáticamente que la mayoría de los cubanoamericanos del sur de Florida apoyan la reunificación familiar, los viajes y otras políticas para ayudar a sus familiares en la isla, al mismo tiempo que expresan apoyo a las sanciones contra el gobierno cubano.
Gamarra afirmó que, aunque la mayoría de los cubanoamericanos y muchos venezolanos apoyan a Trump, podrían cambiar su percepción si las políticas migratorias afectan a sus propios familiares y allegados.
“Estamos observando esto en encuestas y grupos focales”, indicó Gamarra. “Cuando preguntamos si están a favor de una deportación masiva, la respuesta es sí. ¿Y si deportan a su primo o hermano? Entonces dicen que no. Ahí está esa diferenciación. Apoyan la política general, pero cuando se trata de algo personal, ya no la apoyan”.
“Cuando las políticas se personalizan, es probable que surja una ola de oposición, como la que estamos viendo con la eliminación del TPS para los venezolanos”, añadió.
¿Acuerdos migratorios con Cuba en peligro por la prohibición de visas?
Una prohibición de viajes que suspenda la emisión de visas para cubanos podría obstaculizar un objetivo clave del gobierno de Trump.
Dado que también violaría los Acuerdos Migratorios entre Estados Unidos y Cuba, vigentes desde 1984, la prohibición reducirá la probabilidad de que las autoridades cubanas sigan aceptando deportados de Estados Unidos.
Según estos acuerdos, el gobierno estadounidense se comprometió a emitir 20,000 documentos de viaje anuales (visas o permisos de viaje) para que los cubanos emigren legalmente a Estados Unidos. La primera administración de Trump solo alcanzó ese umbral en 2017.
Las autoridades migratorias estadounidenses han considerado a Cuba un país “recalcitrante” que no acepta a todos los ciudadanos que desean deportar. El miércoles por la noche, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, afirmó que su gobierno está “abierto” a aceptar deportados, pero bajo términos de los acuerdos vigentes.
“Nos parece absurdo e injusto que Estados Unidos amenace con deportar masivamente a esta gran cantidad de cubanos, especialmente cuando existen acuerdos migratorios que han funcionado bien en el pasado”, declaró.
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