La política migratoria impulsada durante la administración de Donald Trump desató fuertes críticas tras el desvío de miles de agentes federales que tradicionalmente se dedicaban a investigar delitos graves como el abuso infantil, el narcotráfico y el lavado de dinero. Esta medida, orientada a reforzar la aplicación de leyes migratorias, ha generado preocupación sobre sus consecuencias en la seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado. Con información de Reuters.
Según denuncias de expertos y legisladores, esta reestructuración debilitó las capacidades de agencias como el FBI, la DEA y la ATF, las cuales vieron reducidos sus recursos para combatir amenazas delictivas que afectan directamente a la población estadounidense. El senador Dick Durbin calificó la decisión como “desperdiciada y equivocada”, advirtiendo que este enfoque podía hacer que Estados Unidos fuera menos seguro.
Aunque la administración Trump justificó esta estrategia como una medida necesaria para frenar la migración irregular, sus resultados fueron cuestionados. Si bien se incrementaron los arrestos por temas migratorios, las deportaciones efectivas no reflejaron un aumento significativo, evidenciando fallos en la implementación del plan.
La reasignación masiva de agentes también tuvo un alto costo operativo, ya que distrajo a las autoridades de atender delitos que ponen en riesgo directo la seguridad ciudadana. Esto ha generado inquietud en diversos sectores, que advierten que esta política pudo haber debilitado la capacidad del Estado para enfrentar problemas como la trata de personas, el terrorismo y las redes criminales internacionales.
La polémica estrategia de Trump refleja cómo el enfoque excesivo en una política migratoria punitiva puede desviar recursos vitales para combatir amenazas delictivas más complejas y urgentes.
