La defensora de Derechos Humanos Rocío San Miguel cumplió este sábado 8 de febrero un año de haber sido detenida por cuerpos de seguridad del estado venezolano.
La activista fue detenida cuando la activista tenía previsto abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Tras su aprehensión, el fiscal general Tarek William Saab señaló que su captura se debe a su presunta vinculación en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada “Brazalete Blanco”.
Este pronunciamiento fue realizado poco después de que se encontraron unos mapas del siglo pasado, con las zonas de seguridad de Venezuela en su vivienda, tras un allanamiento, lo que según la fiscalía la implicaba en supuestos eventos incriminatorios.
Joel García, parte del equipo de la defensa de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, denunció en su cuenta de la plataforma X, el agotamiento de los lapsos para apelar, aunado a la obstaculización que impide el nombramiento y juramentación de la defensa técnica.
Por su parte, el Panel de Expertos de la OEA no dudó en calificar de «detención arbitraria y desaparición forzada» lo ocurrido con la activista.
San Miguel reapareció por primera vez tras su detención, el pasado 10 de diciembre, cuando circularon a través de medios de comunicación, imágenes de la defensora de derechos humanos recibiendo atención médica.
Al respecto, uno de sus abogados explicó que se trató de una fractura sufrida, luego de una caída en su centro de detención (a causa de una laberintitis), la cual cual no fue atendida en su oportunidad.
Ante este escenario el abogado estima que la activista y defensora de los DD.HH., debe recibir «una medida cautelar por razones humanitarias que le permita ser atendida por personal médico de su confianza, pueda recibir los cuidados en el postoperatorio y cumpla con el proceso de rehabilitación”.
Asimismo, la ONG Provea también exigió que se otorgue una medida humanitaria y la libertad a Rocío San Miguel. “Exigimos libertad para Rocío San Miguel, defensora de DD. HH. que fue víctima de desaparición forzada y tiene 360 días de injusta detención en El Helicoide”, publicó el lunes 3 de febrero, en X.
Provea insistió en que San Miguel, quien también posee nacionalidad española, no puede ser sometida a una intervención por quienes demoraron meses en diagnosticarla. “En reclusión no hay condiciones para el postoperatorio ni una rehabilitación digna”.
Actualmente, la directora de Control Ciudadano se encuentra detenida en El Helicoide, cárcel del servicio de inteligencia que organizaciones de derechos humanos califican como «centro de torturas».
La audiencia de juicio contra la defensora de DD.HH. fue pospuesta para este mes de febrero, aunque se desconoce la fecha exacta.
Especialista en asuntos militares y presidente de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel es veedora de los compromisos del Estado venezolano con el Estatuto de Roma y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María, en 1989, con posgrado en Derecho y Política Internacionales, de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y un master en Seguridad y Defensa Nacional del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional Gran Mariscal de Ayacucho.
Durante diez años se desempeñó como profesora de los cursos de Estado Mayor y posteriormente enseñó en la Escuela Superior de la Guardia Nacional y en la Escuela Superior de Guerra Aérea, así como en la Escuela Superior de Guerra Naval.
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