El senador republicano Bill Hagerty presentó un proyecto de ley para establecer un marco regulatorio para las ‘stablecoins’, criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable al estar vinculadas a activos tradicionales como el dólar. La propuesta, denominada Ley Genius, cuenta con el respaldo de legisladores tanto republicanos como demócratas y busca otorgar mayor claridad a este sector en crecimiento. Con información de El Periódico Extremadura.
Las ‘stablecoins’ han ganado relevancia como un puente entre las criptomonedas y el sistema financiero tradicional, especialmente en transacciones internacionales. El proyecto de ley establece que estas monedas digitales deberán estar respaldadas por reservas en dólares, billetes de la Reserva Federal, bonos del Tesoro u otros activos sólidos. También exigirá que los emisores presenten auditorías mensuales sobre sus reservas, con sanciones penales para quienes brinden información falsa.
La propuesta se enmarca dentro de la estrategia del presidente Donald Trump para promover la industria de las criptomonedas, un sector que ha respaldado financieramente su campaña. En contraste con la administración de Joe Biden, que adoptó un enfoque más restrictivo, Trump ha impulsado la expansión de las ‘stablecoins’ y ha bloqueado el desarrollo del dólar digital, una iniciativa de la Reserva Federal que algunos consideran una alternativa estatal a estos activos.
El mercado de ‘stablecoins’ alcanzó un valor de 205.000 millones de dólares en 2024, con Tether Holdings Ltd. como el principal emisor. La regulación de este sector ha sido objeto de debate, especialmente debido a las preocupaciones sobre la liquidez de sus reservas y la posibilidad de manipulación del mercado. La Ley Genius propone que una oficina independiente dentro del Departamento del Tesoro supervise a los emisores no bancarios de estas monedas.
La iniciativa refleja el creciente interés de los legisladores en abordar la regulación de las criptomonedas, aunque su aprobación dependerá de la negociación en el Congreso, donde persisten diferencias sobre el nivel de control que debería ejercerse sobre estos activos digitales.