La economía mexicana enfrenta un desafío urgente: frenar el avance del lavado de dinero que, lejos de ocultarse, opera con una creciente impunidad y sofisticación. En 2024, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso casi 800 multas por fallas en la prevención del delito, por un monto de 216.2 millones de pesos. Esto representa un aumento del 162% respecto al año anterior y refleja un problema estructural que desborda los marcos regulatorios actuales. Con información de El Heraldo de México.
El endurecimiento de sanciones se produce en un contexto internacional más severo. Estados Unidos ha clasificado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que eleva la presión sobre las instituciones financieras nacionales. La advertencia es clara: no detectar, reportar o prevenir operaciones sospechosas podría derivar en la pérdida de licencias para operar. Bancos, casas de bolsa, centros cambiarios y, en particular, las Sofomes —que acumulan el 43.8% de las multas de este año— están bajo vigilancia.
La situación se agrava por el uso de empresas fantasma y redes criminales que involucran a adultos mayores beneficiarios de programas sociales, quienes son utilizados para montar esquemas de facturación falsa. En lugar de protegerlos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha comenzado a tratarlos como evasores fiscales, convirtiendo a las víctimas en sospechosos.
La consultora Deloitte ha lanzado una advertencia: instituciones de todos los sectores, incluso las deportivas, deben actualizar sus protocolos, auditar sus flujos de efectivo y capacitar al personal para detectar irregularidades. La omisión, en este contexto, ya no es una opción. Menos aún cuando Washington ha dejado abierta la posibilidad de bloquear líneas de financiamiento internacional a México ante organismos como el FMI o el Banco Mundial si el país no actúa con contundencia.
México está en una encrucijada crítica. Si no toma en serio la lucha contra el lavado de dinero —con voluntad política, coordinación institucional y firmeza regulatoria— corre el riesgo de convertirse en rehén de un sistema paralelo que fortalece al crimen y debilita al Estado. El lavado ya no es un problema silencioso. Las señales son claras, el tiempo escaso y las consecuencias de la inacción, devastadoras.
