Un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida ha presentado una acusación formal contra Raúl Gorrín Belisario, propietario de Globovisión, por su participación en un vasto esquema de lavado de dinero vinculado a la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Gorrín habría sido parte de un plan para blanquear 1.200 millones de dólares obtenidos a través de sobornos y corrupción en Venezuela, utilizando el sistema financiero estadounidense y cuentas bancarias en el extranjero.
Lavado de dinero y sobornos a funcionarios
Los documentos judiciales indican que entre 2014 y 2018, Gorrín, de 56 años, conspiró con varios colaboradores para lavar las ganancias obtenidas de un plan de sobornos que involucraba a altos funcionarios del gobierno venezolano. Estos sobornos habrían sido pagados para obtener lucrativos contratos de cambio de moneda extranjera con PDVSA, la empresa energética estatal venezolana. A través de este esquema, Gorrín y sus cómplices utilizaron el sistema financiero de Estados Unidos para mover el dinero ilícito, dirigiendo parte de los fondos hacia la compra de bienes de lujo como bienes raíces y yates en Florida, además de utilizar empresas fantasma y cuentas en el extranjero para ocultar el origen de los fondos.
El Departamento de Justicia detalla que los sobornos a funcionarios de alto rango en Venezuela facilitaron que Gorrín y sus cómplices se enriquecieran mediante operaciones financieras irregulares. La acusación subraya la explotación del sistema bancario estadounidense para canalizar los fondos y esconder su procedencia ilícita. Estos actos también reflejan el grado de corrupción gubernamental en Venezuela y cómo el sistema financiero internacional ha sido aprovechado para sostenerla.
Gorrín es un corrupto
Nicole M. Argentieri, fiscal general adjunta principal y jefa de la División Penal del Departamento de Justicia, expresó que el comportamiento de Gorrín no solo benefició a funcionarios corruptos, sino que también se aprovechó de las estructuras financieras de Estados Unidos para llevar a cabo delitos graves. En sus declaraciones, Argentieri aseguró que el Departamento de Justicia sigue comprometido a garantizar que Estados Unidos no se convierta en un refugio para el lavado de dinero o el ocultamiento de ganancias ilícitas.
Markenzy Lapointe, fiscal federal del Distrito Sur de Florida, afirmó que este caso es parte del esfuerzo del gobierno de los Estados Unidos para combatir la corrupción extranjera. Dijo que su oficina seguirá colaborando con diversas fuerzas de tarea para procesar a quienes utilicen el lavado de dinero para facilitar la corrupción en Estados Unidos.
Por su parte, Katrina W. Berger, directora ejecutiva asociada de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), destacó que esta operación refuerza el compromiso de las agencias estadounidenses de frenar el flujo de fondos ilícitos y aplicar las sanciones correspondientes. También añadió que este caso subraya el alcance global de las investigaciones de HSI y su esfuerzo por defender el estado de derecho.
Los días por venir de Raúl Gorrín
Gorrín enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, delito que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión si es declarado culpable. Además, se ha revelado que Gorrín ya estaba acusado en un caso separado y actualmente sigue prófugo de la justicia. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses continúan colaborando con agencias internacionales, incluyendo a Reino Unido, España, Suiza, Portugal y Malta, en la investigación del caso.
La Fiscalía del Distrito Sur de Florida está liderando el procesamiento de Gorrín, con la participación activa de la Sección de Fraude de la División Penal del Departamento de Justicia. Entre los fiscales encargados se encuentran Paul A. Hayden, Nalina Sombuntham y Joshua Paster, quienes también están gestionando la confiscación de activos relacionados con el caso.
La lucha contra la corrupción internacional
Este caso forma parte de una operación de la Fuerza de Tarea Antidrogas contra el Crimen Organizado (OCDETF), que tiene como misión identificar y desmantelar organizaciones criminales de alto nivel que amenazan a Estados Unidos. El enfoque de la OCDETF, que involucra la cooperación entre diversas agencias, está basado en la inteligencia y liderado por fiscales especializados en este tipo de delitos.
El Departamento de Justicia también ha señalado que la Sección de Fraude está a cargo de investigar y procesar casos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la cual prohíbe a ciudadanos estadounidenses pagar sobornos a funcionarios extranjeros. Este caso es un ejemplo más de los esfuerzos de Estados Unidos por aplicar esta ley y luchar contra la corrupción internacional.
La acusación contra Raúl Gorrín no solo destaca la magnitud del problema de la corrupción en Venezuela, sino también el compromiso de las autoridades estadounidenses de proteger su sistema financiero de ser explotado por actores internacionales. Aunque Gorrín aún no ha sido capturado y enfrenta varios cargos, este caso envía un mensaje claro: Estados Unidos continuará trabajando junto con sus socios internacionales para combatir la corrupción y el lavado de dinero a nivel global.
Tomado de Gran Jurado de EE.UU. acusa a Raúl Gorrín de lavar $ 1.200 millones de PDVSA
