En su decisión del 10 de enero, el entonces secretario Alejandro Mayorkas extendió el TPS al asegurar que en Venezuela persistían condiciones extraordinarias que no permitían el regreso de sus ciudadanos. Tras una revisión y consulta con otras agencias federales, dijo, decidió otorgarlo «basado en una severa emergencia humanitaria que el país continúa enfrentando por las crisis política y econmómica que persisten bajo el inhumano régimen de (Nicolás) Maduro». Prosiguió describiendo que esas condiciones habían contribuido a mantener altos índices de criminalidad y violencia; que habían impactado el acceso a la comida, a medicinas, a servicios médicos y básicos, como agua o luz.
