Una jueza federal en Boston bloqueó este jueves la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de revocar los beneficios migratorios otorgados a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos acogidos al programa de parole humanitario.
La jueza Indira Talwani, designada por el expresidente demócrata Barack Obama, concluyó que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) hizo una interpretación incorrecta de la ley al intentar acortar el plazo de permanencia legal de los beneficiarios del parole, reportó Reuters.
El fallo frena temporalmente los planes de la administración republicana, que pretendía dejar sin efecto el beneficio migratorio a partir del 24 de abril, exponiendo a unas 450,000 personas a procesos de deportación acelerada.
Talwani subrayó que la norma invocada por el DHS se aplica a personas que cruzaron ilegalmente la frontera, no a quienes ingresaron legalmente al país mediante un permiso de parole.
“Lo que están priorizando no son las personas que cruzan ilegalmente, sino a quienes siguieron las reglas”, dijo la magistrada, citada por Reuters.
La revocación del parole, anunciada en una notificación publicada el mes pasado en el Registro Federal, fue interpretada como parte de una política de línea dura contra la inmigración promovida por el gobierno republicano y se convirtió rápidamente en objeto de litigios.
Previo al fallo, medios como el Miami Herald habían informado que la jueza Talwani estaba considerando emitir una orden preliminar para frenar la cancelación del programa de parole, conocida como CHNV por las iniciales de las nacionalidades afectadas: Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
De no haberse dictado la medida judicial, las protecciones contra la deportación y los permisos de trabajo para más de medio millón de migrantes habrían expirado el 24 de abril, dejando a esa población sin estatus legal ni recursos legales para evitar ser expulsados del país.
El programa, impulsado durante la presidencia de Joe Biden, permitió que ciudadanos de esos cuatro países pudieran ingresar a Estados Unidos por vía aérea, siempre que contaran con un patrocinador financiero, compraran su propio pasaje y aprobaran controles médicos y de antecedentes.
Desde su implementación en enero de 2023 hasta diciembre de 2024, el último mes completo del mandato de Biden, más de 531,000 personas accedieron al país a través de esta vía legal: 110,240 cubanos, 211,040 haitianos, 93,070 nicaragüenses y 117,330 venezolanos.
Muchos de ellos se establecieron en el sur de Florida, donde viven y trabajan actualmente. Optaron por el parole como una alternativa segura y legal frente a la peligrosa travesía por la frontera sur, que vivió una oleada migratoria durante la administración Biden.
Los abogados de los demandantes —una docena de beneficiarios del programa que presentaron una demanda colectiva— habían advertido que permitir que la medida de la administración republicana entrara en vigor causaría un daño “irreparable” y a una “escala asombrosa”, al dejar a miles de personas respetuosas de la ley expuestas a la deportación inmediata y sin posibilidad de trabajar legalmente.
El Departamento de Seguridad Nacional argumentó en documentos judiciales que el programa ya no cumplía con los criterios de “beneficio público significativo” ni de “necesidad humanitaria urgente”, y que además contribuía al colapso del sistema migratorio, alegando que al menos 75,000 beneficiarios del parole habían solicitado asilo, lo que a su juicio incrementaba los retrasos procesales.
La administración de Trump sostuvo que el programa no había tenido un impacto real en la reducción del flujo migratorio irregular en la frontera sur, y que generaba presiones logísticas, especialmente en aeropuertos como los de Florida, donde desembarcó cerca del 80% de los migrantes.
El aviso publicado en el Registro Federal justificaba la cancelación del programa como parte de una nueva estrategia de seguridad fronteriza y de un esfuerzo por romper con el “círculo vicioso” de la inmigración irregular. Además, criticaba el uso de las facultades ejecutivas para implementar programas como el CHNV, calificándolos como un abuso de poder.
Recientemente, el gobierno también había comenzado a promover la autodeportación voluntaria de los beneficiarios, instándolos a reportar su salida del país a través de la aplicación móvil de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), mientras señalaba que quienes no hubiesen iniciado otro trámite migratorio —como asilo, TPS o ajuste de estatus— antes del aviso en el Registro Federal, serían prioridad para la deportación.
En marzo pasado, el presidente Trump, instó al Tribunal Supremo a restringir la capacidad de los jueces federales para emitir medidas cautelares a nivel nacional, argumentando que estas han bloqueado repetidamente sus políticas.
«Las órdenes judiciales nacionales ilegales de jueces radicales de izquierda podrían llevar a la destrucción de nuestro país. ¡Estas personas son unos lunáticos que no se preocupan, ni siquiera un poco, por las consecuencias de sus decisiones y fallos, que son muy peligrosos e incorrectos!», escribió Trump en su red social, Truth Social.
Sin embargo, este jueves sugirió, durante una reunión de su Gabinete, que su Gobierno podría ofrecer un alivio migratorio a ciertos trabajadores indocumentados del sector agrícola y de la hotelería, permitiéndoles permanecer temporalmente en el país y, posteriormente, regresar con visas legales.
«Un granjero vendrá con una carta relativa a cierta gente diciendo que son excelentes, que están trabajando duro. Vamos a frenarnos un poco para ellos, y luego vamos en última instancia a traerlos de vuelta. Saldrán, van a regresar como trabajadores legales», afirmó el mandatario desde la Oficina Oval.
Preguntas frecuentes sobre la revocación del parole humanitario por la administración Trump
¿Qué es el parole humanitario y a quiénes afecta su revocación?
El parole humanitario es un programa creado durante la administración de Joe Biden que permitió la entrada temporal y legal a Estados Unidos de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela por razones humanitarias o de beneficio público significativo. Su revocación afecta a más de 530,000 personas que ingresaron al país bajo este esquema desde 2023, y quienes ahora podrían enfrentarse a procesos de deportación si no regularizan su estatus.
¿Por qué la administración de Trump decidió revocar el parole humanitario?
La administración de Donald Trump argumentó que el parole humanitario no logró reducir la migración irregular ni mejorar significativamente la seguridad fronteriza, además de generar presión sobre los recursos públicos y el sistema judicial migratorio. La decisión también responde a la Orden Ejecutiva 14165, que busca asegurar la frontera y eliminar programas categóricos de parole, alineándose con una política migratoria más restrictiva.
¿Qué pueden hacer los beneficiarios del parole humanitario ante su revocación?
Los beneficiarios del parole humanitario que no tengan otra base legal para permanecer en Estados Unidos deben considerar iniciar trámites migratorios válidos como el asilo, ajuste de estatus, o Estatus de Protección Temporal (TPS), antes de la fecha límite del 24 de abril de 2025. De lo contrario, deberán abandonar el país voluntariamente o enfrentarán procedimientos de deportación acelerada.
¿Cuál es el impacto de esta decisión en la comunidad cubana en EE.UU.?
La comunidad cubana se encuentra entre las más afectadas por la revocación del parole humanitario, ya que muchos migrantes cubanos perdieron su estatus legal y autorización de empleo. Esto pone en riesgo a aquellos que aún no han completado su proceso de ajuste de estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano, exponiéndolos a la deportación si no regularizan su situación migratoria.
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