Los hemofílicos de Nicaragua han registrado un inusitado incremento en las muertes de su comunidad este último año. La Asociación Nicaragüense de Hemofilia (ANH) contaba con 483 nicaragüenses con esa condición médica hasta marzo de 2023, cuando el régimen de Daniel Ortega decidió cancelarle su personería jurídica, y con ello dejó de existir legalmente.
Según un reportaje de la revista Domingo, del nicaragüense diario La Prensa, de marzo de 2023 a la fecha han muerto 10 pacientes hemofílicos menores de 40 años. Eso es inusual, valora un médico especialista en hematología consultado por el medio. Antes del cierre de la Asociación, dice, morían “unos cinco o seis (pacientes) en 20 años”.
La razón, añade, es la ausencia de un medicamento denominado “factor”, un concentrado de proteínas de coagulación que llegaba a la Asociación Nicaragüense de Hemofilia a través de donaciones de la Federación Mundial de Hemofilia y que era suministrado gratuitamente a los hemofílicos.
Con el cierre de la organización local, el medicamento para hemofílicos pasó a ser administrado por el Ministerio de Salud (MINSA) y su acceso se hizo difícil. Casi nunca hay, y los hospitales ofrecen “plasma”, una alternativa menos eficaz y más complicada para los pacientes. Unos han ido a tratarse al extranjero. Otros mueren.
La Asociación Nicaragüense de Hemofilia es una de las 5.505 organizaciones civiles cerradas por el régimen de Ortega, principalmente desde 2022 cuando comenzó una brutal ofensiva que ha decapitado a casi el 80 por ciento de las ONG que existían hasta 2018.
Es una estrategia de “tierra arrasada”, dice el sociólogo nicaragüense Juan Carlos Gutiérrez, para quien la dictadura busca tener el control total de la atención clientelar a la población.
Si, en 2022, cuando comenzaron las cancelaciones masivas de organismos civiles se pensó que era una represalia política del régimen, pronto se supo que la intención era más profunda porque alcanzó a organizaciones sin ningún vínculo político, como la asociación de hemofílicos, e, incluso, a las organizaciones de abierto apoyo a la dictadura.
En 2022 se cerraron 3.147 asociaciones, según un monitoreo que realizó la Fundación del Río, en diciembre de ese año. La principal justificación “legal” para ordenar el cierre de los organismos civiles fue que no presentaron ante el Ministerio de Gobernación los informes pertinentes ni los soportes que exige la ley.
Sin embargo, en este procedimiento el régimen puso una trampa insalvable. “No les recibían ninguno de los documentos que les pedían, o si se los recibían no les daban constancia de recibido, de tal forma que siempre se podía señalar para cancelarlos que no entregaron la información solicitada”, explica Juan Carlos Gutiérrez.
La degollina de ONG alcanzó desde pequeñas asociaciones de vecinos hasta el COSEP, la más grande cámara empresarial de Nicaragua; desde grupos religiosos hasta los Boy Scout, una organización a la que el mismo Ortega perteneció hace más de 60 años y ya siendo presidente, en dos ocasiones, juró “vivir fielmente la Ley Scout”.
En el más reciente ataque de esta ofensiva, Ortega ordenó el cierre de 15 organizaciones no gubernamentales, entre ellas Save The Children International, una organización que, según el sociólogo Gutiérrez, había “doblado su rey” al régimen para sobrevivir.
Gutiérrez recuerda que para 1990, después de que el régimen sandinista perdió el poder en elecciones, hubo una especie de explosión de organismos no gubernamentales, gestionados en muchas de las ocasiones por ex funcionarios sandinista para llenar el vacío que el Estado no cubría en las necesidades de la población.
Para 2018 estaban registradas en Nicaragua 7.227 personerías jurídicas activas de ONG de acuerdo con un informe oficial de Nicaragua presentado a la OEA en junio de 2019. Actualmente, quedan en pie solo un poco más de 2.000 organizaciones civiles, con un futuro muy incierto.
“Nicaragua camina hacia un modelo cuasi similar al de Cuba, donde no hay organismos civiles o, si los hay, son gestionados por el Estado para conseguir recursos de la cooperación internacional”, señala el sociólogo Gutiérrez.
“El costo económico debe ser grandísimo, pero uno de los costos más importantes es la atención a comunidades o poblaciones que tienen muchas dificultades para su atención por otra vía. Por ejemplo, las mujeres parturientas de las zonas rurales”, agrega Gutiérrez, en alusión a la gran cantidad de organizaciones de atención a la mujer que han sido cerradas por el régimen de Ortega.
Según un informe de la OEA, solo para 2022 se cerraron 176 organizaciones feministas o defensoras de “derechos de las mujeres”.
Este 7 de enero el Ministerio del Interior eliminó cuatro organizaciones no gubernamentales que disponían de una red de clínicas de atención ginecológica y de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres. Entre estas organizaciones está Sí Mujer, fundada en 1996 por la doctora argentina Ana María Pizarro.
Ya para 2022 la Fundación del Río estimó que el cierre de más de tres mil organizaciones civiles ese año significó el desempleo directo de 23.483 personas, 255 millones de dólares en pérdidas y 3.4 millones de beneficiarios que quedaron desatendidos.
Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, dice que para darse una idea del desempleo provocado por el cierre de las ONG hay que considerar que la ley exigía un mínimo de 10 personas a una organización para constituirse.
Eso significaría que el cierre de 5.505 organizaciones registrado hasta ahora habría provocado, por lo menos, el desempleo de 55 mil personas que trabajaban en ellas.
“Hay una afectación a los derechos laborales de esas personas, hay una afectación a las personas y a su capacidad de asociación, hay una afectación económica, a la contribución al desarrollo social y, obviamente, a los servicios que proveían a la población, en la atención a niñez, operaciones de salud, fiscalización de las políticas públicas, etcétera, y que efectivamente se han perdido”, señala Ruiz.
Un informe de la organización Red Local presentado a la Oficina de Comercio de Estados Unidos indica que, en al menos 1.825 casos de organizaciones cerradas hasta la fecha, el régimen se ha apropiado de sus bienes y activos.
Veamos el caso de Fundación del Río. Esta organización ambientalista tenía 30 años de vida y trabajaba en la región sureste de Nicaragua. En diciembre de 2018, el régimen le quitó su personería jurídica y le confiscó sus bienes sin justificación alguna.
Fundación del Río tenía 22 propiedades valoradas todas en un millón y medio de dólares, de las que se apropió la dictadura.
En sus 30 años de vida, la organización ejecutó nueve proyectos de protección ambiental y desarrollo sostenible, cubría cuatro de los seis municipios de Río San Juan y atendía comunidades indígenas y afrodescendientes en varias partes del país.
“Unos de los mayores impactos de Fundación del Río fue que redujo el empirismo docente en el municipio El Castillo, logró la declaración del sistema de humedales de San Miguelito, tenía dos radios comunitarias al servicio de dos municipios, San Miguelito y El Castillo, tenía un programa de apoyo para que no se deforestara y se logró la repoblación de lapas verdes en la zona del sureste”, explica Amaru Ruiz.
Todo eso se ha perdido, dice. Se sabe que algunas propiedades están siendo usadas por instituciones estatales, pero del resto no se sabe qué pasará con ellas. Medio millón de personas quedaron desatendidas y el deterioro medioambiental en la zona es alarmante.
“Lo que vemos es totalmente desastroso. Minería entrando en más de 250 hectáreas en la Reserva Biológica Indio de Maíz, nuestra zona emblemática, avance de la frontera agrícola e invasión de colonos hacia adentro de la reserva, incendios que siguen ocurriendo en esta zona por el proceso de invasión, el tema de la ganadería, es decir que los tensores ambientales en el sureste han aumentado significativamente”, señala Ruiz.
Amaru Ruiz dice que la demolición de toda esta red de organismos civiles que funcionaba en Nicaragua, está en correspondencia con la construcción de una dictadura que no permite “otro actor que genere bien social”.
“Detrás de eso hay una estrategia de que nadie más le haga sombra. Todo lo que venga debe venir, o de instituciones vinculadas al régimen o del propio régimen. No puede quedar nada que no esté bajo el control y bajo el agradecimiento que les solicitan a los protagonistas para el comandante (Daniel Ortega) y para la compañera (Rosario Murillo)”, dice.
Para el sociólogo Juan Carlos Gutiérrez, el cierre masivo de organizaciones civiles deviene de una actitud propia de los dictadores que salen de “una corriente populista, y no militar”.
“Ellos se presentan como los únicos que pueden responder a las necesidades de la población y no permiten que haya otros actores que generen una relación clientelar”, dice. “Lo otro tiene que ver con la paranoia y la estrategia de control de todo aquello que puede ser usado en su contra y ahí entra cualquier organismo que tenga la posibilidad de importar recursos extranjeros”.
Hasta ahora, el régimen ha sido incapaz de llenar el vacío dejado por las organizaciones que ha cerrado. Ni parece muy interesado en llenarlo, sin importar las consecuencias. Como sucedió con la desatención que provocó al cancelar la Asociación Nicaragüense de Hemofilia.
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