La decisión del gobierno de Estados Unidos de designar a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) marca un giro en la política de seguridad nacional y el combate al crimen organizado, según varios expertos.
Por Voz de América
La medida, que incluye al Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste, La Nueva Familia Michoacana, Cártel del Golfo y Cárteles Unidos, abre la puerta a nuevas estrategias de persecución financiera, legal y operativa contra estas organizaciones.
Una designación sin precedentes
«Por primera vez, EEUU ha incluido a organizaciones criminales en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras, marcando un cambio en cómo se entienden las amenazas transnacionales», detalló Tricia Bacon, profesora de American University y especialista en seguridad.
La nueva clasificación no otorga automáticamente poderes militares ni permite acciones directas dentro de México, pero sí amplía el margen legal para procesar a cualquier persona o entidad que brinde «apoyo material» a estos cárteles, ya sea financiero, logístico o de infraestructura.
«Cualquier persona que proporcione apoyo material a los cárteles, ya sea en forma de logística, recursos o servicios financieros, puede enfrentar sanciones severas, incluyendo prisión», advirtió Lila Abed, directora del Instituto de México en el Centro Wilson, un centro de pensamiento en Washington.
Además, la designación se ha extendido más allá de Estados Unidos. El mismo día, el gobierno de Canadá incluyó a cinco de estos cárteles en su lista de entidades terroristas, lo que implica la congelación de activos y el fortalecimiento de herramientas legales contra estas organizaciones.
El dilema de la cooperación México-EEUU
Si bien la medida ha sido bien recibida en Washington y Ottawa, en México ha generado controversia y preocupación sobre su impacto en la cooperación bilateral.
«Esta designación ignora cómo funciona realmente el mercado del fentanilo. No es un problema solo de México, sino un sistema transnacional en el que participan actores de ambos países», señaló Cecilia Farfán-Méndez, investigadora del Instituto de Conflicto Global y Cooperación de la Universidad de California.
La investigadora destacó que la narrativa de que los cárteles mexicanos están «envenenando deliberadamente a los estadounidenses» es una simplificación extrema. Según datos del Departamento de Justicia, el 86 % de las personas condenadas por tráfico de fentanilo en EEUU son ciudadanos estadounidenses.
Para Craig Deare, profesor de la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos, la designación es un paso lógico en la lucha contra el crimen organizado, pero su efectividad dependerá de la voluntad política en ambos países.
«Si no hay voluntad política real en México y EEUU para combatir estas redes de manera efectiva, la designación de los cárteles como terroristas será simplemente simbólica», advirtió.
En esa línea, también cuestionó la estrategia de seguridad del anterior presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador: «La política de ‘abrazos, no balazos’ ha resultado en más homicidios y más desapariciones, sin lograr contener a los grupos criminales».
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