La persecución a periodistas en Venezuela se ha intensificado en los últimos años, con un número creciente de trabajadores de la prensa encarcelados bajo acusaciones infundadas que criminalizan el ejercicio periodístico. Actualmente, al menos 11 periodistas y trabajadores de medios permanecen privados de libertad, enfrentando cargos como terrorismo, incitación al odio y alteración del orden público.
Entre los casos más destacados se encuentra el de Roland Carreño, detenido desde 2024 bajo acusaciones consideradas políticamente motivadas. También figuran nombres como Carlos Julio Rojas, Leandro Palmar y Belices Cubillán, quienes fueron arrestados mientras ejercían su labor informativa en distintos puntos del país. Otros detenidos, como Gabriel González, Luis López y Ramón Centeno, fueron aprehendidos en el contexto previo a las elecciones presidenciales, en lo que diversos sectores consideran un intento por silenciar voces críticas.
Organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) han denunciado sistemáticamente estos hechos, alertando sobre la constante violación a la libertad de expresión en el país. Estas organizaciones coinciden en que la persecución busca intimidar a los comunicadores sociales y limitar la cobertura de temas sensibles para el régimen venezolano.
Además de las detenciones arbitrarias, se ha reportado el hostigamiento constante a periodistas, el cierre de medios independientes y la censura como parte de una estrategia para controlar el flujo informativo. Esta situación ha generado preocupación en la comunidad internacional, que ha exigido la liberación de los periodistas encarcelados y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.
La creciente criminalización del periodismo representa un grave retroceso en las garantías democráticas del país y pone en evidencia el uso del aparato judicial como herramienta para reprimir la libertad de prensa.
