A simple vista, parece apenas un rancho abandonado en un enorme terreno baldío. Si no fuera por las cintas amarillas que frenan el paso, el lugar no llamaría demasiado la atención de un transeúnte desprevenido.
Por CNN en Español
Pero allí donde hay banderitas, también amarillas, había antes restos humanos, prendas y objetos personales que hoy forman parte de las pruebas en una investigación del horror: la que busca determinar si allí, en Rancho Izaguirre, Jalisco, funcionaba lo que organismos de derechos humanos y colectivos han calificado de “campo de entrenamiento y exterminio”.
Los sellos de “inmueble asegurado” y la fuerte presencia policial contrastan con las imágenes de montones de ropa y zapatos gastados que hace unas semanas el colectivo Guerreros Buscadores encontró en esa propiedad, rodeada de montañas y ubicada a unos 65 km de Guadalajara. Un lugar que, para algunos, podría guardar el secreto de desapariciones forzadas, y ocultar bajo la tierra las huellas de un crimen por el que los familiares aún claman justicia.
Madres y padres de desaparecidos llegaron al recorrido organizado este jueves por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Jalisco, con la esperanza de encontrar algún indicio de que su familiar, a quien buscan desde hace años, estuvo ahí. Sin embargo, las autoridades ya recogieron toda la evidencia como parte de la investigación que realizan.
La Fiscalía del estado de Jalisco dijo en un comunicado que el rancho fue descubierto originalmente en septiembre de 2024 durante una operación realizada por la Guardia Nacional, en la cual se detuvieron a 10 personas, se liberaron a dos personas secuestradas y se encontró a una muerta.
Ahora, la Fiscalía General de la República (FGR), que ha informado que en el sitio se hallaron restos humanos, asumió el caso tras afirmar que hubo errores en la investigación que estaba a cargo de la Fiscalía estatal. El fiscal estatal, Salvador González, dijo en un video publicado en las redes sociales oficiales de la fiscalía que en el expediente “consta que desde el inicio de la actual administración estatal se han llevado a cabo diversos actos de investigación para avanzar en este caso, por lo que hay 10 personas en prisión”.
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