La transición a la segunda administración de Donald Trump traerá importantes cambios en la aplicación de las leyes sobre delitos de cuello blanco y cumplimiento normativo en Estados Unidos. Expertos señalan que el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) podrían ver reducciones de recursos y ajustes en sus prioridades, con implicaciones directas para empresas y el sector financiero. Con información de la Facultad de Derecho de Harvard.
Si bien algunos sectores podrían experimentar menos supervisión y sanciones, los expertos advierten que la regulación no desaparecerá, sino que podría trasladarse a fiscales generales estatales y a denunciantes privados, quienes llenarían el vacío dejado por una posible disminución de la fiscalización federal.
Recortes en la aplicación de la ley de cuello blanco
El informe anticipa que la administración Trump limitará el alcance de los procesos judiciales relacionados con delitos financieros, privilegiando la persecución de fraudes básicos en lugar de investigaciones complejas sobre lavado de dinero, sobornos y otros delitos de cuello blanco.
Además, se prevé un recorte en los fondos destinados a estas investigaciones debido a la implementación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), cuyo objetivo es reducir el gasto público. Esto podría afectar significativamente la capacidad del DOJ y la SEC para llevar a cabo investigaciones extensas y costosas.
Una consecuencia directa sería la disminución de acuerdos de procesamiento diferido (DPA) y de no procesamiento (NPA) con empresas, un patrón que ya se observó en 2017 durante el primer mandato de Trump. Sin embargo, los reguladores podrían incentivar a las empresas a autodenunciar irregularidades, ofreciéndoles beneficios en los procesos judiciales a cambio de su cooperación y la implementación de medidas correctivas.
Revisión del enfoque de la SEC
El panorama regulatorio también cambiará con la llegada de Paul Atkins como nuevo presidente de la SEC, en reemplazo de Gary Gensler. Atkins, conocido por su postura pro-cripto y menos intervencionista, probablemente limite la regulación por aplicación, lo que podría significar un alivio para las empresas de criptoactivos que han sido blanco de investigaciones y sanciones bajo la administración Biden.
Entre los cambios más esperados se incluyen:
• Reducción de sanciones excesivas contra empresas, evitando multas desproporcionadas en comparación con la gravedad de las infracciones.
• Menos litigios contra empresas de criptomonedas, priorizando fraudes evidentes en lugar de una regulación agresiva del sector.
• Mayor transparencia en los procesos regulatorios, evitando interpretaciones extensivas que habrían llevado a la SEC a sancionar empresas sin base jurídica sólida, como aparentemente ocurrió en el caso SolarWinds.
El futuro de los criptoactivos
El informe destaca que 2024 fue un año crucial para la industria de las criptomonedas, con varios procesos judiciales que marcaron un precedente:
• Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, fue sentenciado a 25 años de prisión por fraude.
• Alex Mashinsky, exCEO de Celsius, se declaró culpable y pagó 48 millones de dólares por fraude y manipulación de mercado.
• Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, fue procesado por lavado de dinero y violaciones a las sanciones internacionales.
• KuCoin y BitMEX pagaron multas de 300 y 100 millones de dólares, respectivamente, por fallas en políticas de prevención de lavado de dinero.
A pesar de estos casos, el nombramiento de Atkins en la SEC sugiere que la persecución contra las criptomonedas podría disminuir. La nueva administración ha expresado su intención de enfocarse en “fraudes claros”, en lugar de cuestionar la naturaleza fundamental del negocio de las criptomonedas.
Mayor escrutinio para las grandes tecnológicas
Otro sector que enfrentará cambios en la regulación es el de las grandes tecnológicas. Trump ha dejado claro que buscará mayor supervisión sobre empresas como Google, Apple y Amazon, con el objetivo de desmantelar monopolios y reducir su influencia política y económica.
Las nominaciones de Andrew Ferguson como presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y Gail Slater como líder de la División Antimonopolio del DOJ refuerzan esta postura. Ambos funcionarios han señalado que regularán agresivamente a las grandes tecnológicas, lo que podría derivar en litigios importantes contra estas empresas.
Casos de corrupción y cumplimiento de la FCPA
En 2024, el DOJ y la SEC impusieron $1.8 mil millones en multas por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), enfocándose en casos de soborno en Venezuela, Ecuador, India y Tailandia.
Uno de los puntos clave del informe es la importancia de los intermediarios en esquemas de corrupción, destacando que la mayoría de los casos involucraron consultores, agentes y distribuidores que facilitaban sobornos para obtener contratos gubernamentales. En este sentido, se recomienda a las empresas reforzar controles de cumplimiento al contratar terceros.
Además, la SEC sancionó a John Deere por no integrar adecuadamente una filial adquirida en Tailandia dentro de su programa de cumplimiento, permitiendo que la corrupción continuara sin supervisión. Este caso subraya la importancia de evaluar los riesgos de cumplimiento antes y después de fusiones y adquisiciones.
Fiscalización a nivel estatal
Si bien la administración Trump podría reducir la supervisión federal, los fiscales generales estatales llenarán el vacío, como ya ocurrió en su primer mandato. En particular:
• La fiscal general de Nueva York, Letitia James, alcanzó acuerdos por $2 mil millones con Genesis Global Capital y $50 millones con Gemini en casos de criptomonedas.
• Reguladores estatales multaron a Bayview Asset Management con $20 millones por fallas en ciberseguridad.
• El fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó a BlackRock, Vanguard y State Street por prácticas ESG que, según él, afectan el mercado energético.
Este patrón indica que, aunque el gobierno federal relaje ciertas regulaciones, los estados podrían asumir un rol más agresivo en la fiscalización de empresas.
El cambio de administración en EE.UU. traerá transformaciones significativas en el ámbito de delitos de cuello blanco y cumplimiento normativo. Aunque se espera una reducción en la fiscalización federal de ciertos sectores, las empresas aún enfrentarán riesgos legales y regulatorios, especialmente a nivel estatal.
Entre los principales cambios destacan:
• Menos recursos para el DOJ y la SEC, lo que podría disminuir la persecución de delitos financieros complejos.
• Mayor flexibilidad para las empresas que cooperen con las autoridades y adopten sólidos programas de cumplimiento.
• Un cambio en la regulación de criptoactivos, con menos litigios contra la industria.
• Fiscalización reforzada sobre las grandes tecnológicas, con potenciales demandas antimonopolio.
• Un rol más activo de fiscales generales estatales, que podrían endurecer las investigaciones en áreas como criptoactivos y ciberseguridad.
En este contexto, las empresas deberán reforzar sus políticas de cumplimiento y estar atentas a los cambios en el panorama regulatorio para evitar sanciones y litigios costosos en 2025.
