Funcionarios ecuatorianos han comunicado a aliados del presidente estadounidense Donald Trump su interés en albergar una base militar estadounidense en el país sudamericano, según dos fuentes con conocimiento directo del asunto.
Los funcionarios también manifestaron su interés en firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, algo que se le ha escapado a la nación andina, a pesar de que sus vecinos Colombia y Perú mantienen acuerdos bilaterales con Estados Unidos desde hace más de una década, según las fuentes, que solicitaron el anonimato para poder describir conversaciones privadas.
Las expresiones de interés se entregaron en las últimas semanas a cabilderos republicanos en Washington cercanos a la administración Trump, según las fuentes. No está claro si la administración misma conoce o está interesada en las propuestas, y el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.
La propuesta de una base militar es el último plan poco convencional presentado por la administración del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien busca reducir la delincuencia y fortalecer los lazos con los allegados de Trump de cara a las reñidas elecciones de abril.
El miércoles, Noboa anunció una «alianza estratégica» con Erik Prince, destacado partidario de Trump y fundador de la controvertida empresa militar privada Blackwater, para combatir la delincuencia y el narcoterrorismo en el país de 17 millones de habitantes.
Noboa, de 37 años y heredero de una de las mayores fortunas empresariales del país, ha abogado públicamente por la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador. La legislatura ecuatoriana se encuentra en las primeras etapas de un proceso legislativo que podría eliminar la prohibición constitucional de este tipo de instalaciones, instituida en 2008 con el apoyo del expresidente izquierdista Rafael Correa.
El gobierno estadounidense contaba con una base militar en las ambientalmente sensibles Islas Galápagos durante la Segunda Guerra Mundial y una base separada utilizada principalmente para combatir el narcotráfico en el continente hasta 2009, momento en el que Correa obligó a Washington a abandonar el puesto de avanzada. Varios otros países pequeños y medianos han estado explorando maneras no convencionales de fortalecer sus vínculos con Washington, algunas de las cuales parecen diseñadas para aprovechar los impulsos transaccionales de Trump en política exterior y su disposición a considerar ideas políticas no convencionales.
Funcionarios de la República Democrática del Congo, por ejemplo, han viajado a Washington en las últimas semanas para promover ante la administración Trump un acuerdo minero crucial entre ambos países. Funcionarios de El Salvador, gobernado por el presidente conservador Nayib Bukele, un destacado aliado de Trump, se han ofrecido a albergar a delincuentes deportados de Estados Unidos en cárceles salvadoreñas.
El gobierno de Ecuador seleccionó recientemente a Mercury Public Affairs, con sede en Washington, para representar sus intereses ante la administración Trump, según un documento presentado el lunes ante una división del Departamento de Justicia que supervisa las actividades de cabildeo en el extranjero.
El documento que describe el contrato de cabildeo no incluye ninguna referencia a bases militares. Sí identifica «asuntos de migración, comercio y seguridad, incluyendo esfuerzos antiterroristas» como posibles áreas de colaboración.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador y Mercury Public Affairs no respondieron a las solicitudes de comentarios.
ELECCIONES AJUSTADAS
Ecuador se encamina a una reñida segunda vuelta electoral el 13 de abril que enfrentará a Noboa contra la izquierdista Luisa González, protegida de Correa.
Noboa ha hecho campaña con base en lo que, según él, ha sido una reducción del 15% en las muertes violentas el año pasado, una reducción de la violencia carcelaria y la captura de importantes líderes de pandillas. Ha prometido seguir desplegando al ejército en las calles y en las cárceles para combatir la inseguridad.
El gobierno de Noboa también busca desarrollar estrategias junto con la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado para combatir el narcoterrorismo, según la presentación del lunes ante el Departamento de Justicia.
González, de 47 años, ha expresado su oposición a la presencia de tropas extranjeras en Ecuador, al tiempo que solicita mayores esfuerzos para combatir los delitos relacionados con el narcotráfico que han afectado al país en los últimos años. Se ha comprometido a perseguir a jueces y fiscales corruptos e implementar un plan de gasto social en las zonas más violentas.
Una de las fuentes familiarizadas con las interacciones de los ecuatorianos con los cabilderos republicanos afirmó que probablemente estaban pidiendo demasiados resultados en muy poco tiempo. El Departamento de Estado tiende a limitar la interacción bilateral justo antes de las elecciones para no parecer que apoya a un partido en particular, señaló la fuente.
Trump se ha comprometido a combatir el narcotráfico en Latinoamérica y, en ocasiones, ha expresado su interés en expandir el poder duro de Estados Unidos. Por ejemplo, ha amenazado con invadir Panamá, ha sugerido la adquisición de Groenlandia y ha dicho que Estados Unidos podría efectivamente tomar el control de Gaza. Pero la interacción de su administración con Latinoamérica no siempre ha seguido un patrón claro.
Ha amenazado repetidamente con imponer aranceles generalizados del 25% a México —que entraron en vigor parcialmente a principios de marzo— ante el descontento con los intentos de ese país por combatir el tráfico de fentanilo, al tiempo que elogiaba a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
Su administración ha llegado a un acuerdo de deportación con Venezuela, un enemigo regional, pero también se ha negado a renovar la licencia de Chevron para operar allí, una medida que ha aislado aún más a esa nación económicamente.
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