Duraron poco las prebendas del Gobierno estadounidense, solo los seis días que quedaban de administración demócrata desde que Joe Biden levantó ciertas sanciones a Cuba para luego entregar su futuro a los republicanos el 20 de enero. Y como era predecible, en su primer día en la Casa Blanca, Donald Trump revirtió lo que tardíamente hizo su predecesor: volvió a incluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo de la que lo sacaron a cambio de la liberación de 553 presos, y anunció nuevas medidas que restringen cualquier respiro económico, como una manera de “restablecer una política dura” hacia la isla.
Para ello, el gabinete de Trump cuenta con una pieza clave, un confeso opositor a cualquier vínculo con La Habana, el nuevo Secretario de Estado, el cubanoamericano Marco Rubio, quien en recientes declaraciones para la cadena Fox News aseguró que no pondría un pie en Cuba mientras gobierne el régimen vigente, a no ser para “discutir cuándo se van a marchar”.
Desde los primeros días de administración republicana, Rubio apuesta por la presión a la isla. En un comunicado de prensa el pasado viernes, dejó claro que su Gobierno daba marcha atrás a cualquier medida tomada por Biden que pudiera beneficiar a Cuba, e informó de las nuevas sanciones, otro golpe económico para La Habana. Entre ellas, está la reactivación del Título III de la Ley Helms-Burton, también conocida como Ley LIBERTAD, que abre paso a que los estadounidenses puedan tomar acciones legales contra empresas o personas que manejen “bienes confiscados por el régimen cubano” después de 1959.
Rubio dejó saber, además, que el pasado 31 de enero reactivó la llamada Lista Restringida, que prohíbe transacciones con empresas bajo el control de grupos militares cubanos, como el conglomerado GAESA, el grupo empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), que controla gran parte del complejo hotelero, tiendas en divisas, agencias de viajes, servicios financieros y otros frentes de la economía. Según el Departamento de Estado, es una manera de “denegar recursos a las mismas ramas del régimen cubano que oprimen y vigilan directamente al pueblo cubano, mientras controlan grandes franjas de la economía del país”.
El cubanoamericano hizo una mención especial a la inclusión en la lista de la empresa de procesamiento de remesas Orbit S.A, con la que silenciosamente el Gobierno cubano estaba reclutando la mayoría del dinero que envían los exiliados cubanos a sus familiares. A inicios de diciembre, una investigación del medio local Miami Herald reveló que Orbit, que aparentemente operaba como una empresa independiente y civil del Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera, sin supuestos lazos con grupos militares, está en realidad ligada al ejército cubano. Esta fue una empresa creada en 2020 para hacer viable el envío de dinero a través de compañías como Western Union, luego de que la primera administración de Trump sancionara a Fincimex. No obstante, se reveló que en realidad era otra aliada de GAESA.
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