El régimen de Nicolás Maduro ha sumado un nuevo golpe a la sociedad civil con el cierre de operaciones de Transparencia Venezuela, capítulo venezolano de Transparency International. La organización anunció que seguirá trabajando desde el exilio tras la aprobación de leyes que criminalizan el trabajo de las ONG y organizaciones independientes.
La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, confirmó la decisión desde Alemania, donde la organización ha decidido continuar su labor. “Los valores y proyectos de Transparencia Venezuela, dedicados al buen gobierno, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, son incompatibles con las nuevas leyes venezolanas que criminalizan la labor de las organizaciones civiles independientes”, explicó De Freitas.
La salida de Transparencia Venezuela se enmarca en una escalada represiva que se ha intensificado desde que el chavismo desconoció los resultados electorales del 28 de julio de 2024. Desde entonces, el régimen ha desatado una nueva ola represiva contra cualquier organización de la sociedad civil que pueda desafiar su control. El cierre de Transparencia Venezuela no es un caso aislado. En los últimos años, el régimen ha utilizado leyes como la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, aprobada en 2023, para desmantelar organizaciones que reciben financiamiento internacional o que son consideradas “amenazas” para el orden público. Esta normativa ha sido clave en la persecución de ONG como Azul Positivo, que brindaba apoyo a personas con VIH, y Fundaredes, cuyo director, Javier Tarazona, pasó casi tres años en prisión tras documentar la presencia de grupos irregulares en la frontera.
El caso de Transparencia Venezuela forma parte de una política de criminalización que ha escalado en los últimos meses. El encarcelamiento de figuras como Rocío San Miguel y Jesús Armas, así como la desaparición forzada de activistas, evidencia el avance de una estrategia estatal que busca erradicar cualquier estructura que promueva la transparencia o los derechos humanos. “La criminalidad organizada en el poder ha utilizado el sistema judicial como herramienta de persecución para proteger el abuso, la corrupción y las economías ilícitas”, advirtió De Freitas.
El cierre de Transparencia Venezuela también responde a los esfuerzos del régimen por ocultar la magnitud del saqueo de los recursos públicos. Según la organización, actualmente existen 173 casos de corrupción venezolana investigados en 30 países, con más de 72.340 millones de dólares involucrados. El trabajo de Transparencia Venezuela fue clave en la documentación de estos desfalcos, lo que convirtió a la organización en blanco directo de la dictadura. El régimen no solo intenta silenciar estas denuncias, sino también impedir que la comunidad internacional acceda a información que comprometa a los responsables.
La reubicación de Transparencia Venezuela en Berlín refleja la estrategia del chavismo de vaciar el país de voces disidentes. Al igual que periodistas, defensores de derechos humanos y activistas, las ONG también han sido empujadas al exilio para evitar la persecución y el encarcelamiento. En su mensaje, De Freitas dejó claro que, a pesar del exilio forzado, el compromiso de la organización permanece intacto: “Seguimos porque los responsables de esta gran corrupción no pueden quedar impunes. Seguimos porque tenemos que construir la Venezuela Íntegra. Ahora somos Transparencia Venezuela en el exilio”.
