Otro síntoma de la enfermedad crónica del sistema penitenciario colombiano

Ese puesto había visto caer a muchos debido a crisis constantes, el poder subterráneo de los sindicatos, la influencia de las mafias, la corrupción, la criminalidad invisible y la falta de firmeza de los gobernantes para resolver una crisis penitenciaria perpetua.

Desde la fuga de Pablo Escobar en 1992 hasta las irregularidades que hubo con Carlos Mattos y la espectacular fuga de Aida Merlano, los colombianos solo habían sido testigos de un desfile de escándalos y de generales de la Policía sin experiencia en asuntos penitenciarios, que eran destituidos para ocultar la debilidad de un sistema penitenciario desgobernado. En su columna, Buitrago explicaba que las cárceles colombianas reflejaban el inframundo del mundo exterior, donde los delincuentes no tenían otra opción que integrarse a prácticas degradantes. La perversidad del sistema forzaba a los internos a sumirse en el peor de los mundos.

Expertos y ciudadanos comunes se preguntaban por qué el Estado era incapaz de resolver este problema. La ONU había creado múltiples esfuerzos y manuales, como el Manual para la Clasificación de los Reclusos de 2020, para asistir a los gobiernos en la implementación de sistemas penitenciarios dignos y rehabilitadores. Sin embargo, estos recursos pasaban desapercibidos y no se aplicaban adecuadamente.

El deterioro del funcionamiento de las prisiones se debe a varios factores, comenzando con la práctica errónea de convertir estaciones de policía en centros de detención transitoria, y la asignación de unidades militares y policiales para cumplir penas. Además de la corrupción, el Cuerpo de Custodia y Vigilancia y los sindicatos del Inpec jugaban un papel crítico en esta maquinaria corrupta. Estos actores celebraban la caída de los directores del Inpec, a quienes consideraban intrusos temporales, y colaboraban con los internos en actividades ilegales, permitiendo la entrada de drogas, dinero, equipos de comunicación y facilitando fugas, detallaba en 2022 Buitrago, quien ahora comentó que «el sistema hizo metástasis», refiriéndose al homicidio del coronel retirado Elmer Fernández.

Buitrago concluía su columna cuestionando hasta cuándo seguiría este círculo vicioso que frustraba la carrera de honorables policías, y cuándo se implementaría una política criminal efectiva que cumpliera con el propósito de rehabilitar a los reclusos y proteger su vida e integridad. Este era el desafío urgente de la democracia colombiana en materia de política penitenciaria, opinaba entonces sobre un problema que hoy se demuestra, sigue vigente.

El asesinato del coronel Élmer Fernández y sus implicaciones

El pasado jueves 16 de mayo de 2024, Colombia fue sacudida por el asesinato del coronel retirado Élmer Fernández, director de la Cárcel Nacional Modelo en Bogotá. Fernández, de 57 años, fue víctima de un atentado sicarial mientras se dirigía a su hogar en horas de la tarde.

El ataque se produjo en la carrera 30 con calle 80, en el noroccidente de la capital. Como consecuencia del crimen, la Avenida NQS con calle 78 en dirección sur-norte fue cerrada. Las imágenes del atentado mostraban un auto oscuro con una marca de bala en una de sus ventanillas, aparentemente disparada desde una moto.

Élmer Fernández, nacido en Piendamó, Cauca, estaba próximo a cumplir 58 años y había dedicado su vida al servicio público en la Policía Nacional, destacándose por su profesionalismo. Antes de asumir la dirección de la Cárcel La Modelo hace poco más de un mes, había sido director de la cárcel de Guaduas, en Cundinamarca.

Este asesinato ocurre en medio de una crisis penitenciaria en Colombia. Se ha establecido que Fernández había recibido amenazas tras gestionar el traslado de un peligroso delincuente. Estas amenazas se materializaron en varios panfletos dejados en el establecimiento.